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Aseguraron que las supuestas irregularidades que ha informado resultaron de las auditorias, no son más que un chantaje del funcionario para permanecer en su puesto después de que la Sección 22 exigió su remoción al cargo.
Aunque aceptaron que sus líderes aún siguen en negociación, después del enfrentamiento del 15 de febrero; repitieron que si existen irregularidades en nómina, como lo indició Bernardo Colmenares se debe a rezagos ancestrales, no de una administración, sino, tal vez, desde la gestión de Diódoro Carrasco Altamirano.