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México
(Boletín).-
El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, FAEB debe ser auditado para que no existan dudas
sobre su destino, pero la raíz del problema es que desde la reforma fiscal del
2008 muchos estados han enfrentado una caída en los recursos que los está
asfixiando, dijo Carol Antonio Altamirano, diputado del PRD, Secretario de la
Comisión de Presupuesto e integrante de la Comisión de Hacienda.
Por
supuesto que la transparencia debe darse; es innegable que las entidades y la
SEP deben aclarar el manejo del fondo, que se usa fundamentalmente para pagar
la nómina de los maestros, señaló el diputado federal.
Pero
lo fundamental es que el dinero federal se ha distribuido con una fórmula que
parte de un supuesto falso: que la meta debe ser uniformar el costo por alumno
en todo el país.
Ese
criterio es tecnocrático e injusto, pues evidentemente no cuesta lo mismo
brindar el servicio educativo en estados urbanizados y con su población
concentrada, que en estados con la población dispersa, y con grandes carencias
en comunidades de menos de 25 mil habitantes.
El
diputado del PRD señaló “desde que entró en vigor la reforma fiscal, el Estado
de México y otras 8 entidades fueron beneficiadas por el FAEB, pero quienes
perdieron fueron 22 entidades, que a 5 años de la reforma acumulan pérdidas por
más de 25 mil millones de pesos, siendo
los casos más graves Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo, que son entidades
donde existe un nivel de pobreza alto.
De
manera que si no se cambia el criterio de la ley, lo que estamos haciendo es
condenar a las entidades con mayor dispersión geográfica, con mayores rezagos y
menor calidad de vida a las peores
condiciones de financiamiento para el sector educativo, cuando son las que más
lo necesitan.
Por
eso, señaló el diputado del PRD es urgente revisar la Ley de Coordinación
Fiscal para reconocer la heterogeneidad
del país, pues existen regiones “donde las desigualdades se concentran”.
Ese
es el punto de arranque para mejorar el
sistema fiscal, incluyendo los recursos de FAEB que financian la
descentralización educativa, con la finalidad de que sea eficiente y
transparente, pero sobre todo, “que sea un sistema justo para asignar de manera
racional y equilibrada los recursos del sector educativo”.
