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Oaxaca
(Boletín).- Integrantes de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional, solicitaron la renuncia del secretario de
Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas por el uso excesivo de la fuerza
pública contra la población civil.
En conferencia de prensa, los diputados priistas en
la LXII Legislatura, consideraron importante hacer un exhorto al Gobernador del
Estado, Gabino Cue; al secretario general de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval y
al secretario de Seguridad Pública para que antepongan el diálogo y
reconsideren sus métodos de atender los reclamos sociales.
Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente
de Protección Civil, Carlos Carlos Ramos Aragón denunció los actos violentos de
que fueron objeto ciudadanos de Cosolapa, San Sebastián Río Hondo y Santa
Catarina Mechoacán, donde se utilizó la fuerza pùblica para reprimir las
protestas.
Estimó necesario que el Gobierno del Estado
reconsidere sus políticas públicas que deben estar al servicio del pueblo y no
para lastimar a las y los oaxaqueños.
Por su parte, la legisladora María del Carmen
Ricárdez Vela, adelantó que se solicitará juicio político a los responsables de
lo que calificó como la brutal represiòn de que fueron objeto ciudadanos que
expresaban su inconformidad.
Por ello, manifestó su solidaridad con las
comunidades que son "brutalmente reprimidas" por la Secretaría de
Seguridad Pública y anunció que su partido hará un acompañamiento de las causas
de una población cansada de abusos.
El secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva
Salinas –criticó la legisladora-, implementa una política del
"garrote" para tratar de resolver los problemas, lo cual provoca
resentimientos e inconformidades en los pobladores.
Señaló que no se aplican debidamente los protocolos
de seguridad, pues en los operativos, los policías estatales acudieron armados
a revisar a la gente, lo que violenta la tranquilidad y genera un clima de
confrontación en las comunidades.
Durante la rueda de prensa, los legisladores
mostraron fotografías donde evidencias el uso excesivo de la fuerza pública,
provocando daños, lesiones que se reflejan en la ira de la población.
De igual forma, el diputado Amando Demetrio
Bohórquez Reyes, aseguró que la política del Gobierno del Estado es imponer la “Ley
del garrote”, lo que promueve las diferencias entre los sectores de la
población.
Señaló que existe confusión en las comunidades ante
esta falta de una política de la conciliación y que por respuestas están
recibiendo la represion, por ello citó el caso de San Sebastián Rio Hondo,
donde fueron detenidos unas veinte elementos que integraron la policía
comunitaria.
De igual forma, la diputada Emilia García Guzmán, denunció
que la policía estatal "golpea brutalmente" a los ciudadanos que osan
protestar en la población de Santa María Chilchotla, pero se enrarece el clima
en otras como Santiago Ixtayutla, por mencionar algunos.