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Oaxaca
(PROCESO).- El gobierno de Alejandro Murat, la Secretaría de la Función Pública
(SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciaron 70 auditorías al
último año de la administración del exmandatario Gabino Cué, debido a que dejó
un “desorden administrativo y financiero”.
Así
lo dio a conocer el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental,
José Ángel Díaz Navarro, quien agregó que “tenemos que armar este rompecabezas
hacia atrás y explicar lo que pasó”, para evitar que el gobierno de Murat
reintegre lo que no se aplicó, pues “si de por sí no tenemos (dinero), ahora
que te quiten pues no lo puedes permitir”.
Es
por ello que la Contraloría va a realizar 50 auditorías, y 20 más entre la SFP
y la ASF, con el fin de que se sancione administrativa y hasta penalmente al
exgobernador y excolaboradores que desviaron recursos públicos.
“Nosotros
tenemos que coadyuvar con la investigación y revisión del desorden
administrativo y financiero. Y no es que los ayude, sino que hay que apoyar y
revelar la documentación y mostrar la evidencia de lo que pasó, entonces lo
mejor que te puede pasar es que vienen sanciones administrativas y éstas pueden
derivar en sanciones penales a funcionarios por hacer mal uso de los recursos,
y lo que tenemos que evitar es que sancionen al gobierno del estado (actual)”,
agregó.
La
realidad es que “no hay obra pública, hay dos o tres y no se ven, y lo que está
hecho, está mal hecho. La administración anterior no llegó a comprobar ciertos
gastos en materia de salud, obra pública o seguridad”.
Ahora
se investigará quién facturó, cuánto facturó y cuáles son los precios como
facturó, qué empresas y quiénes, porque puede haber prestanombres, y lo único
que sí se tiene claro es que no son de Oaxaca, señaló.
También
habría que preguntarse por qué Cué no firmó convenios con el IMSS como lo hizo
recientemente el gobernador Alejandro Murat para realizar compras consolidadas
de medicamentos y evitar la corrupción.
Y
es que con ese convenio, acotó, el gobierno de Murat se va ahorrar 400 millones
de pesos, al pasar de 800 a 400 millones en la adquisición de fármacos este
2017.
La
pregunta es, abundó, ¿por qué Gabino Cué o sus colaboradores no firmaron un
convenio con el IMSS?, porque si lo hubieran hecho desde el inicio del sexenio,
se hubieran ahorrado unos 2 mil 400 millones de pesos.
Mientras
que en el caso de la compra-venta de terrenos para vivienda en Huatulco, acusó,
ahí vendieron 20 hectáreas a 50 pesos el metro, cuando el valor real es de
entre 500 y mil pesos, negocio que podría haber redituado entre 90 a 200
millones de pesos.
Díaz
Navarro insistió en que “después de haber identificado las irregularidades en
diciembre pasado, la Nueva Administración del Fidelo pidió a la Secretaría de
la Contraloría y Transparencia Gubernamental que instruya a Nafin (fiduciaria)
detener todos los trámites de esta operación, en tanto se analizan las
condiciones de compra-venta, debido a que se detectó un valor de venta mucho
menor al valor mercado”.
Aunado
a estas irregularidades, el gobierno de Cué decía que tenían un déficit de mil
200 millones de pesos por adeudo a proveedores, y al corte al final del mes de
enero sólo se habían presentado a la ventanilla única a reclamar sus servicios
por 700 millones de pesos, entonces “yo quiero saber esos mil 400 millones de
pesos los querían para qué o quiénes”.
“Puede
ser que hayan inflado la cifra y todavía haya que revisar con documentos, si no
hay algún prestanombres que puede ser el chofer, la sirvienta o gente que ya
falleció que la incluyan, entonces, hay que verificar”, advirtió.