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México
(Agencias).- El Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en Jalisco
resolvió dictar auto de formal prisión a los 11 hombres y dos mujeres detenidas
por la Policía Federal por el plagio de los dos menores de edad, quienes son
sobrinos del Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez
Candiani.
Mario
Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalva Villalobos, maestros de la Sección 22
del SNTE y la CNTE, fueron sujetos a proceso penal ayer por un Juez de
Distrito, tras ser acusados por la Procuraduría General de la República (PGR)
de participar en el secuestro de dos niños en Oaxaca. Además de Olivera Osorio
y Grijalva Villalobos, entre los ahora procesados se encuentran los activistas
Damián Gallardo Martínez, Leonel Manzano Sosa y Sara Altamirano Ramos,
simpatizantes del gremio magisterial en Oaxaca que se ha movilizado en contra
de la reforma educativa.
Altamirano
Ramos también era candidata por coalición del PRD, PAN y PT a la Alcaldía de
Jalapa del Marqués, en la región del Itsmo.
Isaac
Torres, abogado de Gallardo Martínez, informó que el Juez federal dictó auto de
formal prisión en contra de los 11 hombres por el delito de delincuencia
organizada y a 6 de ellos también los sujetó a proceso por secuestro.
Los
hombres enfrentarán su juicio presos en el penal federal de máxima seguridad de
Occidente, en Puente Grande, Jalisco, donde fueron internados desde el 22 de
mayo, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) consignó ante el Juez la acusación en su contra. Las dos
mujeres fueron recluidas en el centro federal femenil de Tepic, Nayarit.
Desde
la detención de los maestros, entre el 17 y el 18 de mayo, miembros de la
Sección 22 del SNTE y la CNTE han realizado al menos 4 marchas en la ciudad de
Oaxaca para exigir su liberación, acusando que su detención es un acto de
represión del Gobierno federal.
Torres
expuso que en el caso de Gallardo Martínez, quien quedó sujeto a proceso por
delincuencia organizada, presentaron ante el Juez elementos para mostrar que
fue amenazado por agentes para que confesara su supuesta participación en el
plagio, cometido el 14 de enero en la capital del estado.
“No
valoró las pruebas, el Juez tenía que revisarlas, pero no lo hizo y eso deberá
ir a una responsabilidad suya. Todas las autoridades deben velar porque se
respeten los derechos humanos, tuvo que investigar cómo obtuvieron las
declaraciones, revisar que fue detenido y 30 horas después puesto a disposición
de la SEIDO”, relató el abogado perteneciente a la Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos en Oaxaca.
El
abogado agregó que apelaron el auto de formal prisión en contra del activista,
por lo que un Tribunal Unitario revisará la decisión del Juez.
