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"A las mujeres ikojts y binniza, ejemplo de valor y dignidad"
La tenaz resistencia de los comuneros ikojts y binniza que enfrenta en el Istmo oaxaqueño a la construcción del que sería el parque eólico más grande de América Latina en la Barra de Santa Teresa ha puesto al descubierto los intereses que mueven a diferentes actores políticos. Los mil cien millones de dólares que vale el negocio han sido más que suficientes para comprar a diputados de todos los partidos, a funcionarios públicos de los tres niveles y a líderes de antiguas y combativas siglas. Los cañonazos obregonistas resuenan con todo su estruendo en el Istmo mexicano, donde se reivindican las energías limpias a costa de los derechos de los pueblos originarios.
El corporativo Mareña Renovables desembolsó más de mil millones de pesos para adquirir en marzo de 2011 los derechos de la empresa española Preneal de México SA de CV, para la construcción de este parque que contaría con 132 aerogeneradores gigantes proveídos por la empresa danesa Vestas. Preneal arrancó el proyecto el año 2003 y durante 8 años tramitó permisos y obtuvo autorizaciones contando para ello con el apoyo de funcionarios federales y de los operadores del siniestro gobernador Ulises Ruiz. El soborno fue el principal medio usado para ganar voluntades.
Cuando en enero de 2012 los comuneros ikojts de San Dionisio del Mar supieron que 1,643 hectáreas de uso común habían sido cedidas de manera fraudulenta a la empresa Mareña Renovables, comenzó la rebelión. De inmediato desconocieron al presidente municipal Miguel Castellanos quien había recibido más de 20 millones de pesos por extender permisos y acto seguido tomaron el palacio municipal, el cual después de un año mantienen en su poder.
A partir de esa fecha, los comuneros rebeldes han sido víctimas de todo tipo de ataques y hostigamientos por parte de operadores políticos priístas como Ernesto Juárez y Jorge Castellanos, quienes formaron parte del gobierno de Ulises Ruiz. En San Dionisio han circulado grandes cantidades de dinero y de amenazas para terminar con la resistencia, sin embargo un número importante de comuneros se mantienen firmes hasta hoy. Estos operadores han sido apoyados abiertamente por los diputados Samuel Gurrión, Francisco López García y Elías Cortes, quienes actúan abiertamente como empleados de la empresa trasnacional.
La resistencia contra el megaproyecto se extendió a fines del año pasado, en el otro lado de la laguna, a la colonia zapoteca de Alvaro Obregón, ya en el municipio de Juchitán; ahí la empresa, junto al gobierno del cambio que encabeza Gabino Cué, desplegó una triple estrategia para acabar con la resistencia indígena que ha impedido el paso de la maquinaria a la barra.
Los binniza se atrincheraron en la emblemática casona en ruinas que fuera la hacienda del general revolucionario Heliodoro Charis Castro y levantaron sus barricadas. Ahí, a través de algunos dirigentes de la antaño combativa COCEI, repartieron millones de pesos para convencer a los campesinos para que le abrieran paso a los trabajadores de la empresa; como fracasaron en su intento, en dos ocasiones a principios de noviembre pasado y ahora en febrero de este año, cientos de policías estatales atacaron a los rebeldes y estos repelieron exitosamente la agresión.
Mientras ello ocurría, varios conocidos pistoleros amenazaron de muerte a los voceros de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y a líderes comunitarios y de otras organizaciones solidarias como la UCIZONI.
Desde octubre, pero con particular virulencia a partir de noviembre de 2012, casi todos los medios impresos y los noticieros radiales emprendieron una feroz campaña mediática en contra de algunos representantes de pueblos y organizaciones que nos oponemos al despojo que significa el proyecto. A diario insistían en que a los “enemigos del desarrollo” se les debería aplicar todo el peso de la ley, incluso por haber interpuesto un recurso de amparo que desde diciembre pasado ordenó la suspensión de la obra. En Oaxaca se sabe que un grupo de periodistas fue llevado con gastos pagados a la ciudad de México a un evento de empresas eólicas; evento que sirvió de escenario para que Jonathan Davis, directivo de la empresa trasnacional, amenazara con retirar el proyecto si no se aplicaba la ley. El gobierno de Gabino Cué entendió ese mensaje de manera autoritaria enviando a cientos de policías a custodiar la entrada de trabajadores de la empresa a pesar de que un amparo se lo impedía.
Ahora se sabe que los principales periódicos de Oaxaca han recibido cantidades millonarias y que algunos periodistas que se han destacado en la campaña de linchamiento viajaron recientemente a Dinamarca con gastos pagados por la empresa y el gobierno estatal. Lo más grave es que el principal periódico de Oaxaca, que hace 7 años fue duramente atacado por las bandas priístas, ahora en alianza con ellas publica, en primera plana, amenazas de levantón y muerte en contra de defensores de derechos indígenas.
En Oaxaca, los millones del holding multinacional Mareña Renovables han puesto al descubierto que por encima de los derechos de los pueblos indios están los intereses de un puñado de inversionistas nacionales y extranjeros. Que la transición democrática vale menos que un megaproyecto; que las viejas luchas de Victor Yodo y de Lorenza Santiago valen ser traicionadas por líderes sin escrúpulos, sin memoria y sin principios, y que la libertad de expresión puede ser la vía rápida para viajar gratis a los paraísos nórdicos.
Un nuevo capítulo se abre en este conflicto. Ante el fracaso de la compra y de la represión, del linchamiento mediático y de la amenaza, el Secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, intentará ahora imponer una “Consulta” a modo: comprando conciencias, amenazando a opositores y denostando para crear la confusión y la duda. Diputados locales que en dos años han sido incapaces de legislar para asegurar que las empresas trasnacionales paguen por lo menos el impuesto predial a los municipios oaxaqueños donde están establecidas, hoy corren presurosos a dialogar “con los pueblos” para convencerlos de las bondades del proyecto, en un ejercicio falso de consulta que tiene como fin legitimar el despojo.
Los pueblos reunidos en una multitudinaria asamblea regional el 7 de noviembre pasado, en Álvaro Obregón, ya dieron su palabra y la han repetido día tras día: "Qui Ziuu Di´cabe. No pasarán". "Qui Ziuu di¨cabe", gritaban con júbilo, mientras la maquinaria de Mareña Renovables y decenas de policías estatales se retiraban de la Barra de Santa Teresa. Una victoria indígena en una guerra que no ha acabado y que ha provocado que las máscaras caigan.
