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Oaxaca (Boletín).- La diputada
local, Rosalinda Domínguez Flores, presentó un Punto de Acuerdo, que fue
aprobado por el pleno de la LXI Legislatura, con la finalidad de exhortar al
Gobierno del Estado para que solicite a Petróleos Mexicanos (PEMEX), informe a
las personas afectadas por la fuga de amoniaco en la región del Istmo y,
actualmente están refugiados en albergues, sobre los riesgos existentes en la
zona del siniestro y las acciones que se realizan para evaluar los daños.
Durante
su participación en tribuna, la legisladora sostuvo que ante siniestros como el
ocurrido el pasado 20 de agosto, “no podemos tomarlo como un suceso estadístico
más; sino que es nuestro deber ético y solidario, levantar la voz de
indignación y exigir justicia, porque no se trata de un caso fortuito; sino de
un accidente ocasionado con motivo de negligencia, falta de precaución,
impericia o imprudencia, que configuran un delito doloso conforme a lo
dispuesto por el artículo 5 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”,
dijo.
Domínguez
Flores señaló que la indignación es más grande, porque la mayoría de los
afectados son personas de escasos recursos.
Desde
el día del siniestro, informó, entre mil a mil doscientas personas fueran
desalojadas de las comunidades Los Nanches, Chivaniza, Río Grande, Sardinero y
Campo Nuevo, para alojarlas en albergues improvisados, sin que hasta la fecha
los servidores de PEMEX se hayan tomado la molestia de informarles cuando
podrán regresar a sus hogares y qué medidas se están tomando para que lo hagan
sin peligro alguno.
De
igual manera, puntualizó la diputada perredista “PEMEX se ha abstenido de
informar sobre las acciones administrativas y jurisdiccionales incoadas para
deslindar responsabilidades, así como las tendientes a resarcir los daños
ocasionados, tanto a las víctimas como a la ecología y el ambiente, a través de
las medidas de reparación y compensación ambiental que se implementen, bajo el
criterio de equivalencia”.
Por
último, la legisladora por el Distrito de Matías Romero puntualizó que PEMEX
debe informar a la LXI Legislatura y a Soberanía y a los afectados del
siniestro, las acciones administrativas y jurisdiccionales incoadas para deslindar
responsabilidades, así como las tendientes a resarcir los daños ocasionados.
