Posted by Expresion Noticias in
Oaxaca
(Gildardo Mota).- Un quebranto superior a los 300 millones de pesos pretende
encubrir y evadir el Gobernador Gabino Cué Monteagudo mediante una nueva
iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pensiones
para los Trabajadores del Gobierno del Estado, propuesta que fue presentada en
la última semana de marzo del año en curso.
El
planteamiento del Poder Ejecutivo que perjudica a miles de empleados de base y
confianza contempla suprimir el segundo párrafo del artículo séptimo de la Ley
de Pensiones, con lo que prácticamente se deslindaría de la obligación de
cubrir el déficit que registre el Fondo de Pensiones y dejaría toda la
responsabilidad financiera a la base trabajadora para subsanar el quebranto.
Y
es que luego de que jubilados y pensionados del Gobierno del Estado ganarán el
amparo en contra de la aplicación de la Ley de Pensiones para Trabajadores del
Gobierno del Estado, reformada y aprobada el 28 de enero de 2012 por la LXI
Legislatura Local, en donde se les obligaba a seguir aportando una cuota del 9
por ciento de sus pensiones al citado Fondo, el Gobernador Gabino Cué
Monteagudo reculó, pero sólo para preparar otra reforma lesiva a los derechos
laborales.
La
Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado en los últimos
cuatro años ha registrado dos reformas hasta la fecha, la primera que se
realizó el 28 de enero de 2012 en medio de la protesta de un grupo de
trabajadores de base inconformes y la segunda, el 12 de noviembre de 2013, ésta
última derivada de los juicios de amparo que interpusieron cientos de jubilados
y pensionados.
Actualmente,
el Gobernador Gabino Cué Monteagudo pretende reformar los artículos 7, 15, 18,
52 y 54, fracciones 1, 57 y 64, así como los artículos transitorios quinto y
octavo publicados el 28 de noviembre de 2013, y derogar la fracción III y IV del artículo 6, todos de la Ley de
Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, aprobada y publicada
el 28 de enero de 2012.
En
su propuesta de reforma al artículo 7 de la Ley de Pensiones, el Ejecutivo
establece: El Director General de la Oficina de Pensiones, deberá realizar cada
tres años un estudio actuarial, el cual se presentará al Consejo Directivo para
su conocimiento y si el mismo, arroja como resultado que las cuotas y
aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de
esta ley, el Director General deberá hacerlo del conocimiento del titular del
Ejecutivo y del Congreso del Estado, para realizar las adecuaciones que
garanticen la estabilidad y suficiencia financiera del sistema de Pensiones del
Estado.
Sin
embargo, la Ley de Pensiones aprobada en enero de 2012, en el mismo artículo
contempla que el Director General de la Oficina de Pensiones deberá realizar
cada año un estudio actuarial, en tanto que en su segundo párrafo, que pretende
suprimir el Gobernador Gabino Cué Monteagudo,
establece claramente:
“Si
llegare a ocurrir en cualquier tiempo que las aportaciones del Gobierno del
Estado de Oaxaca, las cuotas de los trabajadores, jubilados y pensionados, los
rendimientos del Fondo de Pensiones y demás recursos que no bastaren para
cubrir las pensiones y otras prestaciones previstas en este ordenamiento, el
déficit que hubiere, cualquiera que sea su monto, será cubierto por el propio
Gobierno del Estado de Oaxaca”.
Pero
la realidad es otra, pues desde el 28 de enero de 2012 los integrantes de la
LXI Legislatura Local, cuya mesa directiva encabezó en ese momento el diputado
del PRD, Francisco Martínez Neri, incumplieron con el punto de acuerdo 168, en
el cual se ordenó al Ejecutivo rendir cuentas sobre el estado financiero del
Fondo de Pensiones e incluso iniciar procesos penales en contra de funcionarios
involucrados en un posible quebranto al mismo.
Y
es que el Gobierno del Estado, que supuestamente realiza una aportación del
18.5% al Fondo de Pensiones, que se suma al 9% que aportan de sus sueldos cada
empleado, nunca ha informado a la base trabajadora o la Cámara Local de
Diputados sobre el estado financiero del Fondo, únicamente y como referencia
reciente, en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, en su
artículo 32 refiere que el Ejecutivo destinó 244 millones 450 mil 590 pesos
para la operación del mismo.
Durante
los últimos cuatro Gobiernos Estatales el Fondo de Pensiones ha registrado
saqueos por parte de funcionarios y diputados locales, algunos adquirieron préstamos quirografarios e
hipotecarios que nunca solventaron y
otros se jubilaron y pensionaron sin cumplir la Ley de Pensiones vigente hasta
antes del 28 de enero de 2012, estos pendientes pretende el Ejecutivo cargarlos
a cuenta de la base de trabajadora.
Por
lo anterior, el Ejecutivo pretende con la nueva reforma que el Fondo de
Pensiones opere únicamente con las cuotas de los trabajadores, esto tras su
fracaso al pretender lesionar los derechos adquiridos de jubilados y pensionados,
aunque en el artículo 54 de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones
contempla la reducción de sus prestaciones sociales.
El
contenido de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones ha inconformado a
diversos sectores de trabajadores de base, quienes incluso ya se han
entrevistado con integrantes de la LXII Legislatura Local para solicitar que no
se permita su aprobación por ser lesiva a sus derechos.
Contrario
a la inconformidad que manifiestan grupos de empleados de base, el secretario
general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del
Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, Felipe
Noel Cruz Pinacho se limita a declarar que dicha iniciativa de reforma no
lesiona los derechos laborales, asumiendo un posición patronal y no de
representante sindical, como lo han hecho anteriores dirigencias.
La voz de la
inconformidad.
El
29 de junio del año en curso un grupo de 89 empleados de base encabezados por
la delegada sindical en la Secretaría de Administración, Yolanda Núñez Miguel,
presentaron un escrito dirigido a los integrantes de la mesa directiva de la
LXII Legislatura Local, en el cual manifiestan su inconformidad por el
contenido de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones, en particular la
supresión del segundo párrafo del artículo séptimo que pretende realizar el
Ejecutivo.
En
el documento exponen que no existe certeza que el Ejecutivo del Estado a través
de la Secretaría de Finanzas haga llegar sus aportaciones del 18.5 por ciento prevista
en el artículo 6 de la referida Ley, por lo que corresponde al 9 por ciento de
las aportaciones de los trabajadores, señalan que existe un retraso en el
cómputo de las mismas que se realiza en la Oficina de Pensiones.
Aseguran
que no se cumple con la realización del estudio actuarial como se prevé en el
artículo 7, primer párrafo, lo cual genera un ambiente de inseguridad para los
trabajadores que aportan al Fondo de Pensiones, ya que quienes administran el
Fondo constantemente declaran ante medios de comunicación que el mismo está a
punto de colapsarse económicamente.
También
manifiestan inconformidad por el intento de suprimir el segundo párrafo del
artículo 7 de la Ley de Pensiones, ya que éste, refieren los empleados en su
escrito, es el que les concede certeza jurídica y social, “ya que al momento de
tener el carácter de jubilados, dejamos de recibir atención médica del IMSS,
pues nos encontramos inscritos como trabajadores en activo para recibir sólo el
servicio de enfermedades y maternidad, sin gozar de los beneficios de contar
con el régimen obligatorio por parte de dicha institución”.
Los
empleados en referencia solicitaron ser escuchados durante la discusión y
análisis de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado
de Oaxaca, petición que se suma a la de otro grupo que son representados por el
abogado Israel Ochoa Lara, quienes además exigen se retire la iniciativa de
reforma.
De
acuerdo a la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley
de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, cuya copia obra en
poder de este medio informativo, con respecto al artículo 7 contempla
únicamente el primer párrafo que establece:
“El
Director General de la Oficina de Pensiones, deberá realizar cada tres años un
estudio actuarial, el cual se presentará al Consejo Directivo para su
conocimiento y si el mismo, arroja como resultado que las cuotas y aportaciones
son insuficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta ley, el
Director General deberá hacerlo del conocimiento del titular del Ejecutivo y
del Congreso del Estado, para realizar las adecuaciones que garanticen la
estabilidad y suficiencia financiera del sistema de Pensiones del Estado”.
La
intención de suprimir el segundo párrafo por parte del Ejecutivo obligó al
Director General de la Oficina de Pensiones, José Luis Abad Guzmán, a
extralimitarse en sus funciones al enviar un escrito el 26 de abril a los integrantes de la LXII
Legislatura Local en donde supuestamente corrige al Gobernador y señala:
Es
necesario precisar a ese Honorable Congreso del Estado que únicamente se
pretende reformar el primer párrafo del artículo 7, en lo que corresponde al
periodo de realización del estudio actuarial, quedando el segundo párrafo sin
reforma alguna, por lo cual el referido artículo deberá quedar de la siguiente
manera:
Artículo
7.- El Director General de la Oficina de
Pensiones, deberá realizar cada tres años un estudio actuarial, el cual se
presentará al Consejo Directivo para su conocimiento y si el mismo, arroja como
resultado que las cuotas y aportaciones son insuficientes para cumplir con las
obligaciones derivadas de esta ley, el Director General deberá hacerlo del
conocimiento del titular del Ejecutivo y del Congreso del Estado, para realizar
las adecuaciones que garanticen la estabilidad y suficiencia financiera del
sistema de Pensiones del Estado.
Si
llegare a ocurrir en cualquier tiempo que las aportaciones del Gobierno del
Estado de Oaxaca, las cuotas de los trabajadores, jubilados y pensionados, los
rendimientos del Fondo de Pensiones y demás recursos que no bastaren para
cubrir las pensiones y otras prestaciones previstas en este ordenamiento, el
déficit que hubiere, cualquiera que sea su monto, será cubierto por el propio
Gobierno del Estado de Oaxaca.
Con
el citado escrito, el Director General de la Oficina de Pensiones exhibe al
Consejero Jurídico del Ejecutivo, Víctor Hugo Alejo Torres y de paso al
Gobernador, Gabino Cué Monteagudo, pues contradice lo expuesto en la citada
iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones con respecto al contenido del
artículo séptimo.
De
su parte, la delegada sindical ante la Secretaría de Administración, Yolanda
Núñez Miguel consideró que suprimir el
segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Pensiones no sólo en desamparo a
los trabajadores sino también a sus familias, pues el Gobierno del Estado
evadiría su responsabilidad, al ser sus representantes en turno los saqueadores
de dicho Fondo.
Sostuvo
que hasta la fecha no existe claridad
sobre la administración de los recursos del Fondo de Pensiones, pese a
que la LXI Legislatura Local emitió un punto de acuerdo el 28 de enero de 2012
mediante el cual se solicitó al Ejecutivo aplicar una auditoría, realizar una
rendición de cuentas ante el pleno de la Cámara de Diputados e iniciar
procedimientos penales en contra de funcionarios que defraudaron al Fondo.
Antiguos
directores del Fondo de Pensiones concedieron a funcionarios y diputados
locales préstamos superiores a los 300 mil pesos sin que los finiquitaran y
repusieran al Fondo, hemos observado a empleados de base y confianza que se
jubilan sin que cubran los años de aportación al Fondo como la establece la
Ley, abundó.
Gobierno del
Estado, responsable del quebranto;
STPEIDCEO, el
alcahuete: Jaime Mayoral.
Para
el abogado especialista en materia laboral, Jaime Mayoral Gómez el responsable
del quebranto al Fondo de Pensiones es el Gobierno del Estado, cuyo saqueo ha
sido encubierto, dijo, por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de
los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de
Oaxaca, cuya representación la calificó de charra.
Mayoral
Gómez dijo que la intención de suprimir el segundo párrafo del artículo 7 de la
Ley de Pensiones para Trabajadores del Gobierno del Estado es la de evadir
responsabilidad por parte del patrón y dejar toda la carga financiera a la base
trabajadora.
El
Gobierno del Estado con el solo hecho de admitir que no hay liquidez evadiría
una responsabilidad de subsanar cualquier quebranto al Fondo de Pensiones, la
iniciativa que envió el Ejecutivo es una copia de la reforma que se aplicó al
ISSSTE, cuyo Fondo prácticamente opera con las cuotas de los trabajadores,
añadió.
Con
la reforma de enero de 2012 que se realizó al Fondo de Pensiones se
incrementaron las aportaciones de los trabajadores y se pretendió obligar a los
jubilados y pensionados continuar aportando al Fondo, sin embargo, mediante
amparos lograron revocar algunos artículos lesivos a sus derechos, hoy el
Gobierno del Estado intenta nuevamente reducir prestaciones sociales, explicó
Mayoral Gómez.
La
iniciativa de reforma al Fondo de Pensiones representa una agresión a los
trabajadores, quienes desafortunadamente carecen de una representación sindical
real y de valor, pues los integrantes del Comité Ejecutivo del STPEIDCEO asumen
una actitud charra, de defensa por los derechos del patrón y no de sus
representados, aseveró.
Mayoral
Gómez expuso que los trabajadores, al carecer de una representación sindical
honesta y de lucha, deberán realizar una lucha política ante la Cámara de
Diputados y el Poder Ejecutivo, así como impulsar una defensa jurídica ante
instancias federales en caso de que la iniciativa sea aprobada.
Será
un camino difícil, pero consideró que el más viable es la lucha política,
promover y difundir la información del contenido lesivo de la iniciativa,
movilizar las bases, tal y como lo han hecho integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque algunos no compartan con sus
acciones, pero son los únicos que se han opuesto a reformas retrógradas
planteadas por el Ejecutivo Federal, sugirió Mayoral Gómez.
¿La
Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado
representa alguna ayuda?.
No,
esa Junta es una burla, es un empleado del patrón, son gatos de azotea,
pusieron la iglesia en manos de Lutero, es lo peor que puede existir.
¿Qué
opina de Gabino Cué y la iniciativa que envió a la LXII Legislatura Local?.
Este
Gobierno, el de Gabino Cué, es uno de los que ha actuado con mayor virulencia
en contra de los trabajadores y a través de la propia Junta de Arbitraje,
desapareció el Sindicato Solidaridad. Al actual Gobernador le molesta que los
empleados recurran al amparo, que lo evidencien, no tolera que los trabajadores
defiendan sus derechos en tribunales.
¿El
Gobierno del Estado es responsable del quebranto al Fondo de Pensiones?.
Así
es, nunca rinden cuentas, es algo parecido al Fondo de Administración de
Justicia, todo el dinero de fianzas, multas y depósitos se lo roban, nadie sabe
su destino, el Fondo de Pensiones está peor.
Falta despertar
de conciencia en la
base
trabajadora: Aquino Aragón.
A
la base trabajadora le hace falta de despertar de conciencia sindical para
evitar que sus derechos sean vulnerados y que el Gobierno del Estado evada su
responsabilidad sobre el manejo de los recursos del Fondo de Pensiones, aseguró
el abogado laborista Antonio Aquino Aragón, quien ganó cientos de amparos a
favor de jubilados y pensionados contra la Ley de Pensiones aprobada el 28 de
enero de 2012.
Aquino
Aragón compartió la opinión de Mayoral Gómez al considerar que nuevamente el
amparo sería el camino legal para la defensa de los trabajadores en caso de que
la LXII Legislatura Local apruebe la iniciativa de reforma al Fondo de
Pensiones, sin embargo, también coincidió en la lucha política y la
movilización como esquema de batalla.
Opinó
que también estaría al alcance un juicio de nulidad ante el Tribunal de los
Contencioso y Administrativo, aunque dijo que habría que ver cómo ver el acto,
ubicar a quien perjudica y accionar jurídicamente, pero eso sí, sin engañar al
trabajador.
Por
eso insisto en que la parte política es importante, los trabajadores o sus
representantes tienen que hablar con los Diputados, tienen que hacer ver y
sentir su inconformidad.
Los
trabajadores deben estar pendientes de cualquier intención de reforma, los
diputados locales están acostumbrados al madruguete, tal vez ya no les alcance
el tiempo para reforma el Fondo de Pensiones, aunque todo puede suceder, por
eso hay que presionar y movilizarse para evitar otra agresión, manifestó.
El
Fondo de Pensiones se administra discrecionalmente por los gobernantes y
funcionarios en turno, no rinden cuentas, siempre dicen que hay un faltante,
pero no son claros, no asumen su responsabilidad, continúan utilizando el Fondo
como caja chica y dejan a los empleados
endrogados, refirió Aquino Aragón.
