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Oaxaca
(Boletín).- Con la reforma y ampliación
a la Ley de Extinción de Dominio, las propiedades obtenidas por funcionarios
públicos a través de actos de peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho serán
adjudicadas al Estado para beneficio público.
Además
de lo ya estipulado en el Código Civil, la extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes que hayan
sido adquiridos por funcionarios públicos a través de conductas relacionadas al
peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.
La
finalidad del dictamen aprobado por el Congreso local es diseñar instrumentos
normativos que fortalezcan el combate a la corrupción y devolver los recursos
económicos y materiales que haya sido arrebatado a las arcas públicas de
Oaxaca.
Con
la ampliación a la Ley de extinción de dominio, la LXIII Legislatura otorga a
la sociedad oaxaqueña el respaldo jurídico para reclamar los recursos públicos
que fueron despojadas y desviados para el correcto cumplimiento de las
políticas públicas en beneficio del desarrollo de Oaxaca.
