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Oaxaca (Boletín).- Al considerar que
existen diversas violaciones a los derechos humanos que sufren las personas indígenas
al entrar en contacto con el Sistema de Justicia Penal; el legislador local,
Horacio Antonio Mendoza presentó un exhorto a la Fiscalía General del Estado y
del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que a la brevedad resuelvan la
situación jurídica de mil 174 personas indígenas en prisión preventiva.
Ante el Pleno de la Cámara de Diputados;
el Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos señaló que “México es un país pluricultural, en el que
personas pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, y han padecido diversas
formas de opresión y discriminación, lo que ha originado violaciones en el
ejercicio de sus derechos humanos”.
En ese sentido, el exhorto presentado
por el también Vicecoordinador Parlamentario del PRD y aprobado con 29 votos
por la LXIII Legislatura Local, busca el respeto irrestricto a los derechos
fundamentales de mil 144 personas indígenas que actualmente se encuentran
recluidas bajo la figura de prisión preventiva.
“De acuerdo a datos de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en los estados de
Oaxaca, Chiapas, Hidalgo Veracruz, Puebla, Estado de México, Yucatán y
Guerrero; se concentraba el 76 por ciento de la población indígena a nivel
Nacional, de acuerdo a esta Institución, la población indígena en el Estado de
Oaxaca, asciende a 1 millón 719 mil 464 personas, es decir, el 45.2 por ciento
de la población total del Estado”, refirió.
En ese contexto, Antonio Mendoza señaló que
la organización no gubernamental “Asistencia Legal por los Derechos Humanos,
A.C.”, documentó la situación que enfrentan las personas indígenas privadas de
la libertad en los Estados de Chiapas y Oaxaca; entidades federativas que
concentran el 45 por ciento del total de 7 millones 173 mil personas indígenas
que habitan en el País.
“En septiembre de 2017, la organización
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. presentó el Informe Acceso a la
Justicia de Personas Indígenas Privadas de Libertad en los Estados de Chiapas y
Oaxaca, a través del cual, se da cuenta de las persistentes violaciones a los
derechos humanos que sufren las personas indígenas al entrar en contacto con el
Sistema de Justicia Penal”, lamentó.
El Diputado perredista, añadió que dicho
Informe evidencia distintas violaciones al debido proceso y las dificultades a
las que se enfrentan las personas indígenas privadas de libertad para acceder a
la justicia; sin embargo, “el dato más alarmante que arroja el Informe, es el
uso excesivo de la prisión preventiva en contra de las personas indígenas en
nuestro Estado”.
En ese sentido Antonio Mendoza, expuso
que de mil 174 personas indígenas privadas de libertad en Oaxaca, el 97.44 por
ciento de ellas, es decir, mil 144 personas, se encuentran en prisión
preventiva, lo que podría sugerir que las y los jueces, no cumplen con su
obligación de evaluar cada caso en particular, especialmente, aquellos en los
que se ve involucrada una persona indígena.
