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Oaxaca (Boletín).- “Es necesario contar con un instrumento que de equidad, certidumbre y sobre todo, establecer una relación entre el estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas del país para respetar su derecho a la consulta y libre determinación, por lo cual tanto en el Senado de la República como en el Congreso de la Unión estamos promoviendo la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas”, señaló el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXI Legislatura Federal, Manuel García Corpus.Agregó que el próximo mes de marzo habrá de integrarse el dictamen correspondiente en ambos niveles legislativos, mediante el cual, insistió, se pretende dotar de sus derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y con ello otorgarles elementos legales en los diversos rubros así como a sus derechos a la consulta y libre determinación
En breve podría contarse con un instrumento que de equidad, certidumbre y una nueva relación al estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas y a partir de ello, favorecer la cooperación y ayuda tanto para los pueblos originarios como para las comunidades indígenas, evitando arbitrariedades y abusos del estado mexicano en decisiones que en muchos de los casos afectan a los mismos
La Ley en referencia, añadió, busca proteger la conservación de recursos naturales, preservar su identidad cultural, modo de vida, ecosistemas y todo lo que tiene que ver con las mismas.
García Corpus, agregó que en razón de ello, a partir del próximo lunes 7 de marzo en Miahuatlán de Porfirio Díaz dará inicio una serie de foros regionales en la materia, así como otros más que se celebrarán en Juchitán, Pinotepa Nacional, Tlaxiaco y Guelatao para posteriormente celebrar otros encuentros a nivel nacional y uno más de carácter internacional con asistencia de especialistas que han trabajado en este rubro.
En cuanto al ámbito estatal y nacional de estos encuentros, enfatizó que el próximo 14 se darán los resultados y acuerdos inscritos y que referirán los acuerdos emanados de 17 foros regionales a nivel nacional, 53 talleres micro regionales, entre otros, para finalmente entrar al proceso de discusión y propuesta de dictamen para presentarlo al pleno de la cámara tanto de senadores como de diputados.
Con ello, se contaría con una Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, que estaría a la vanguardia y sería única en América Latina en virtud de que solamente en Perú se ha iniciado un proceso similar para concretar un instrumento en materia jurídica a favor de los indígenas.
Ante representantes de diversos medios de comunicación, el legislador integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refrendó que con esta ley todos los megaproyectos como en el caso particular Paso de la Reyna y Paso Ancho, en Oaxaca, necesariamente tendrán que ser consultados así como toda acción de gobierno que de una u otra forma alteren sus formas de vida, ecosistemas, recursos naturales e identidad cultural, como así lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Con esta ley los pueblos tendrán la oportunidad de escuchar, ser escuchados y convenir como impulsar este tipo de proyectos que no violenten su identidad, cultural y social, generando una nueva relación del gobierno federal con el estado mexicano ya no de imposición o de crear condiciones de “aparente desarrollo” por encima de las comunidades y que éstas acciones vayan de abajo hacia arriba.
Es decir que estás emanen de las comunidades, agencias, rancherías y de los diversos sectores sociales hacia sus y las instituciones para inscribir sus propuestas y convertirlas en políticas públicas” porque así lo demanda un régimen democrático, en el que la sociedad opine permanentemente en las acciones del gobierno porque indiscutiblemente se requiere desarrollo, pero que este sea con la participación de los pueblos indígenas y en beneficio de los mismos, sin alterar su hábitat natural y social y con el referido instrumento legal se hagan efectivos sus derechos y no sean únicamente de “papel”.
