TIMAN A EMPLEADOS DE GOBIERNO CON SUPUESTA DEMANDA

Oaxaca (Gildardo Mota).- Al menos mil 200 empleados de base al servicio del Gobierno del Estado estarían siendo engañados por el abogado Israel Ochoa Lara y el Notario Público, Rodolfo Morales, al promover infructuosamente una demanda laboral  en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones para los Empleados del Gobierno del Estado.

Y es que la citada iniciativa, presentada por el Ejecutivo del Estado ante la Cámara Local de Diputados, se encuentra sujeta a estudio al interior de las Comisiones Permanentes del Trabajo, Administración de Justicia, Hacienda y Presupuesto, entre otras, es decir, aún no se aprueba y tampoco ha  causado efecto.

A lo anterior se debe agregar que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, en cuyo órgano se presentó el pasado viernes la demanda laboral de los mil 200 trabajadores en referencia, no es instancia para detener o adecuar la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones presentada por el Ejecutivo.

De acuerdo a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, en su  capítulo segundo correspondiente a la competencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, establece en su artículo 81. La Junta de Arbitraje será competente:
I.- Para conocer los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y empleados.

II.- Para conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Sindicato y los Poderes del Estado, así como los conflictos intersindicales.

III.- Para llevar a cabo el registro del Sindicato y la cancelación del mismo.
En todo caso, los empleados inconformes con el contenido de la iniciativa deberían recurrir a la Cámara de Diputados para que mediante actividad política se les permita participar en su análisis o impedir su aprobación.

Por lo pronto, el abogado Israel Ochoa Lara se llevó a sus bolsillos la cantidad de 72 mil pesos, mientras que el Notario Público, Rodolfo Morales percibió 54 mil pesos por la certificación de tres documentos presentados por cada empleado de base, los cuales se integraron a la demanda laboral que se presentó ante la Junta de Arbitraje para los Empleados del Gobierno del Estado.

Durante las dos semanas anteriores al 3 de junio, en las redes sociales un grupo de trabajadores de base circularon en redes sociales el siguiente comunicado:

Compañeros: en atención a que la reforma  a la Ley de Pensiones es un hecho, con la finalidad de detener el proceso de reforma, se va a promover una demanda en la vía laboral, exigiéndole al Gobierno que cumpla con la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 7 de la referida ley, en el sentido de que cuando exista déficit en el Fondo de Pensiones, él debe inyectar los recursos para estabilizarlo financieramente, ya que es precisamente ese párrafo el que van a desaparecer.

Requisitos para integrar el grupo que demanda:

1.- Sacar dos copias del último sobre de pago, y de la credencial de elector.
2.- Presentarse en la Notaría Morales & Morales que está en la calle de Libres, justo una calle atrás de la iglesia del Patrocinio frente al Paseo Juárez, para certificar las copias  de los documentos. Cobran $15 pesos por cada certificación.
3.- Sacar dos copias simples de cada documento certificado.
4.-Después presentarse en el despacho jurídico del Licenciado Israel Ochoa Lara, sito en la calle de Porfirio Díaz # 100 interior 2 altos, centro.
5.- Entregar la documentación,  más $60.00 que es la cuota que corresponde  por trabajador que desee participar, y que sería ese único pago por todo el proceso de demanda.
6.- Los que van a participar procuren hacer el trámite en la brevedad posible pues la demanda se presenta en la Junta de Arbitraje el viernes en la mañana.
La citada demanda laboral representaría una acción de desgaste para los trabajadores o bien, el agotamiento de una posible herramienta jurídica, aunque, de acuerdo a especialistas en materia laboral, la Junta no es instancia por ser un simple órgano “conciliador” administrativo y dependiente del Poder Ejecutivo.
El engaño que se comete en contra de los mil 200 trabajadores en mención, se desprende de la falta de activismo del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, además del entreguismo que mantienen con el Poder Ejecutivo, dicha representación sindical se ha convertido, al igual que las anteriores, en defensor de los derechos del patrón.

Para variar, en las redes sociales circula una invitación para que más empleados de base se agreguen a los mil 200 que ya fueron sorprendidos, todo por desconocer sus derechos laborales y carecer de una representación sindical efectiva y leal al trabajador, no charra, como la actual.
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