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Oaxaca
(Gildardo Mota).- Al menos mil 200 empleados de base al servicio del Gobierno
del Estado estarían siendo engañados por el abogado Israel Ochoa Lara y el
Notario Público, Rodolfo Morales, al promover infructuosamente una demanda
laboral en contra de la iniciativa de
reforma a la Ley de Pensiones para los Empleados del Gobierno del Estado.
Y
es que la citada iniciativa, presentada por el Ejecutivo del Estado ante la
Cámara Local de Diputados, se encuentra sujeta a estudio al interior de las
Comisiones Permanentes del Trabajo, Administración de Justicia, Hacienda y
Presupuesto, entre otras, es decir, aún no se aprueba y tampoco ha causado efecto.
A
lo anterior se debe agregar que la Junta de Arbitraje para los Empleados al
Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, en cuyo órgano se presentó el
pasado viernes la demanda laboral de los mil 200 trabajadores en referencia, no
es instancia para detener o adecuar la iniciativa de reforma a la Ley de
Pensiones presentada por el Ejecutivo.
De
acuerdo a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado,
en su capítulo segundo correspondiente a
la competencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los
Poderes del Estado de Oaxaca, establece en su artículo 81. La Junta de
Arbitraje será competente:
I.-
Para conocer los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del
Estado y empleados.
II.-
Para conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Sindicato y los
Poderes del Estado, así como los conflictos intersindicales.
III.-
Para llevar a cabo el registro del Sindicato y la cancelación del mismo.
En
todo caso, los empleados inconformes con el contenido de la iniciativa deberían
recurrir a la Cámara de Diputados para que mediante actividad política se les
permita participar en su análisis o impedir su aprobación.
Por
lo pronto, el abogado Israel Ochoa Lara se llevó a sus bolsillos la cantidad de
72 mil pesos, mientras que el Notario Público, Rodolfo Morales percibió 54 mil
pesos por la certificación de tres documentos presentados por cada empleado de
base, los cuales se integraron a la demanda laboral que se presentó ante la
Junta de Arbitraje para los Empleados del Gobierno del Estado.
Durante
las dos semanas anteriores al 3 de junio, en las redes sociales un grupo de
trabajadores de base circularon en redes sociales el siguiente comunicado:
Compañeros:
en atención a que la reforma a la Ley de
Pensiones es un hecho, con la finalidad de detener el proceso de reforma, se va
a promover una demanda en la vía laboral, exigiéndole al Gobierno que cumpla
con la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 7 de la
referida ley, en el sentido de que cuando exista déficit en el Fondo de
Pensiones, él debe inyectar los recursos para estabilizarlo financieramente, ya
que es precisamente ese párrafo el que van a desaparecer.
Requisitos
para integrar el grupo que demanda:
1.-
Sacar dos copias del último sobre de pago, y de la credencial de elector.
2.-
Presentarse en la Notaría Morales & Morales que está en la calle de Libres,
justo una calle atrás de la iglesia del Patrocinio frente al Paseo Juárez, para
certificar las copias de los documentos.
Cobran $15 pesos por cada certificación.
3.-
Sacar dos copias simples de cada documento certificado.
4.-Después
presentarse en el despacho jurídico del Licenciado Israel Ochoa Lara, sito en
la calle de Porfirio Díaz # 100 interior 2 altos, centro.
5.-
Entregar la documentación, más $60.00
que es la cuota que corresponde por
trabajador que desee participar, y que sería ese único pago por todo el proceso
de demanda.
6.-
Los que van a participar procuren hacer el trámite en la brevedad posible pues
la demanda se presenta en la Junta de Arbitraje el viernes en la mañana.
La
citada demanda laboral representaría una acción de desgaste para los
trabajadores o bien, el agotamiento de una posible herramienta jurídica,
aunque, de acuerdo a especialistas en materia laboral, la Junta no es instancia
por ser un simple órgano “conciliador” administrativo y dependiente del Poder
Ejecutivo.
El
engaño que se comete en contra de los mil 200 trabajadores en mención, se
desprende de la falta de activismo del comité ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de
Carácter Estatal, además del entreguismo que mantienen con el Poder Ejecutivo,
dicha representación sindical se ha convertido, al igual que las anteriores, en
defensor de los derechos del patrón.
Para
variar, en las redes sociales circula una invitación para que más empleados de
base se agreguen a los mil 200 que ya fueron sorprendidos, todo por desconocer
sus derechos laborales y carecer de una representación sindical efectiva y leal
al trabajador, no charra, como la actual.
