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Oaxaca
(Carlos Ramírez).- La situación en Oaxaca llegó a un punto de ruptura
institucional: no sólo la Sección 22 de maestros tiene el control político a
través de las movilizaciones callejeras, sino que ahora la policía estatal se
encuentra en paro de labores.
Si
se atiende al concepto constitucional de “desaparición de poderes”, el problema
no radica en una decisión del Senado de declarar la inexistencia política de
los poderes locales, sino reconocer la ineficacia de los poderes para así
llegar a la situación de nombrar un gobernador provisional.
En
Oaxaca, el Poder Legislativo opera bajo presión, tensión y sitio de las masas
acarreadas por la Sección 22 y el Judicial aparece paralizado por su
dependencia del Ejecutivo. Lo grave es, en términos conceptuales del derecho,
que el poder ejecutivo existe pero no funciona.
La
sociedad oaxaqueña ha resultado víctima del vacío de poder ejecutivo: la 22 no
sólo hace marchas y plantones ni tampoco nada más abandona su trabajo para
dedicarse a la política sin que la autoridad aplique la ley laboral, sino que
los maestros disidentes paralizan actividades privadas, invaden tiendas
departamentales y obstruyen en viernes los cajeros automáticos impidiendo el
flujo de efectivo.
Ahora
le ha tocado la crisis a la seguridad pública: el paro de policías estatales ha
abandonado a la ciudadanía a merced del crimen organizado. Los policías pueden
o no tener razón, pueden estar involucrados en irregularidades delincuenciales
pequeñas o medianas; pero el hecho es que su paro ha dejado a Oaxaca sin
seguridad pública durante más de 10 días.
En
el fondo, el gobernador Gabino Cué Monteagudo ha demostrado incapacidad para
ejercer el poder, para aplicar la ley o para ejercer su función de Poder
Ejecutivo. Ciertamente que lo que la sociedad oaxaqueña menos quiere es la
represión o el autoritarismo, pero la debilidad institucional del ejecutivo
estatal ha permitido que Oaxaca esté dominado por los poderes fácticos políticos,
sociales, institucionales y criminales.
Existe
una correlación entre el aumento en la inseguridad y la delincuencia con la no
aplicación de la ley a maestros y ahora a policías. Los policías estatales de
Oaxaca han comenzado a operar como un cártel de seguridad pública en función de
sus intereses, ante la incapacidad del jefe policiaco Alberto Esteva Salinas,
designado por razones políticas y por pertenecer al establo político de Marcelo
Ebrard Casaubón.
Sin
gabinete operativo, con la orden ejecutiva de no aplicar la ley,
sorprendentemente ausente del balcón del palacio de gobierno durante el desfile
del pasado 16 de septiembre, carente de iniciativa política para atender la
crisis magisterial con el objetivo de resolverla y sostenido por el PAN y el
PRD vía una alianza agotada, el gobernador Cué Monteagudo ha llegado al punto
de inmovilidad ejecutiva, política e institucional.
El
problema magisterial ha derivado en un asunto nacional y en el debilitamiento
de la reforma educativa. Y ahora el problema policiaco ha dejado durante casi
dos semanas a Oaxaca sin seguridad. Los desplegados periodísticos publicados
por el gobierno estatal con un lenguaje “enérgico” exhiben el estado patético
de la autoridad gubernamental estatal. El lunes los policías en paro tomaron
por asalto el C-4, centro de inteligencia de seguridad, y exigieron ellos
designar al mando único.
La
alternancia contra el PRI fracasó con Cué Monteagudo. El PRI recobró ya la
alcaldía de la capital y en el 2016 tiene en la bolsa la gubernatura. Cierto
que al PRI le conviene que Cué Monteagudo llegue al final de su mandato para
retomar el poder vía el clamor social contra la parálisis política del
gobernador, pero la sociedad oaxaqueña quiere ahora un relevo institucional del
Ejecutivo.
