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Carta a las autoridades Federales y
Estatales,
medios de comunicación y ciudadanía en
general:
Trabajadoras
y trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) adscritos a la
Delegación Estatal y Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI)
del estado de Oaxaca, denunciamos el despido injustificado
y abuso de autoridad por parte de funcionarios federales de dicha Comisión.
El
pasado 18 de diciembre de 2015 al menos 40 personas trabajadoras de la
institución fuimos reunidos en las instalaciones de la Delegación Estatal,
donde se nos informó que daban por concluida la relación laboral hasta el día
31 de diciembre de 2015, argumentando
que dicha decisión fue una instrucción directa de las oficinas centrales de la
CDI en la Ciudad de México; sin que nos dieran a conocer las causas del despido
masivo.
De
manera dolosa trabajadores/as eventuales y de confianza fuimos citados a una
reunión de trabajo presidida por la C.P. Amable Cecilia Cruz Lozano,
Subdelegada Estatal; LAE Ana Lilia Cruz Pérez, Jefa del Departamento
Administrativo y el Lic. Luis Rey Sumano Carreño, Jefe del Departamento Jurídico,
todos integrantes de la Delegación Estatal de la CDI.
En
dicha reunión las y los trabajadores eventuales recibimos la información del
despido injustificado del que estábamos siendo objeto, inmediatamente se nos condicionó
saber el contenido del documento a cambio de nuestra firma.
El
tiempo para la firma del documento de
aceptación del término de contrato fue acotado a 15 mins. impidiéndonos a
las y los trabajadores eventuales que tuvieramos tiempo de buscar asesoría jurídica.
En
ese momento, sólo una persona firmó dicho documento, el cual, si bien estaba
fechado desde el 14 diciembre de 2015 le fue entregado hasta el 18 de diciembre
casi al concluir el horario laboral.
Asimismo,
a las y los trabajadores de confianza se nos fue informado la conclusión de
nuestra relación laboral. A diferencia de las y los trabajadores eventuales, a
los trabajadores de confianza nos fue ofrecida una supuesta liquidación de ley,
sin reconocer los años de antigüedad real de cada uno de nosotros; asimismo y
de manera arbitraria, nos presentaron documentos que habían redactado
unilateralmente:
1.
La solicitud personal
para incorporarse al programa de liquidación que se está implementado a nivel
nacional.
2.
Un convenio de
acuerdo de aceptación de la liquidación y
3.
El documento de
renuncia.
Todos
estos documentos no noss fueron entregados de manera impresa; asimismo fuimos advertidos/as
que de no firmar en ese momento, el recurso programado para las liquidaciones
sería devuelto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dejándonos sin la
posibilidad de cobrarlo posteriormente en caso que fuera nuestra decisión y no dando tiempo
suficiente para asesorarnos legalmente y revisar que el documento tuviera los
requisitos de ley.
De
igual forma, en caso de firmar, el pago de la liquidación impuesta se haría efectiva
hasta enero de 2016.
Debido
a nuestra negativa para firmar cualquiera de los documentos que nos fueron
mencionados los funcionarios arriba citados nos enviaron correos, a través de la
cuenta institucional a partir de las 10 de la noche del viernes 18 de diciembre.
En
los correos hicieron de nuestro conocimiento tanto a las y los trabajadores
eventuales como de confianza, quienes en la mayoría de los casos llevamos al
menos de 10 años de servicio.
La información vertida fue:
a.- Que concluyen la relación laboral
con nosotros/as al 31 de diciembre de 2015.
b.-Que sin solicitarlas estamos
obligadas/os a hacer uso de nuestras vacaciones del 21 al 31 de diciembre de
2015.
Cabe
mencionar que el mayor número de personas despedidas son mujeres: jefas de
familia, mujeres embarazadas; adultas/os mayores, quienes difícilmente podrán
emplearse, a pesar de que llevaban más de 20 años de servicio.
Es
de nuestro conocimiento que este despido masivo e injustificado es parte de los
despidos que se están realizando a nivel nacional por dicha institución, pues
se prevé el despido de 2000 trabajadores y trabajadoras de los 3700 que
conforman actualmente la CDI, lo que refleja la “política de austeridad”
anunciada por Enrique Peña Nieto y las violaciones a los derechos humanos de
las y los trabajadores en México.
Además
de que no fuimos notificados/as conforme a la ley, sin un periodo justo de
notificación y sin informarnos de las causas del despido; las y los trabajadores
fuimos objeto prácticamente de un desalojo, no permitiéndonos recoger nuestras
cosas; además de ser videograbados sin nuestro consentimiento a manera de
intimidación, siendo objeto de hostigamiento laboral al viejo estilo priista,
lo que ha caracterizado a esta administración.
Es
necesario mencionar, que si bien las y los trabajadores hemos mostrado una
actitud apartidista y meramente institucional, este ha sido uno de los motivos
del encono para el señalamiento contra las y los trabajadores despedidos, asimismo,
no podemos omitir el contexto electoral que estaremos viviendo en Oaxaca el
próximo año, lo que permitiría reclutar a personas afines a dicho partido.
Asimismo,
es necesario mencionar que la mayoría de quienes no fueron despedidos son personas
ingresadas recientemente; estando adscritos a acuerdos políticos y que no
cumplen con el perfil necesario. Contrario a ello, algunas de estas son
personas con antecedentes penales, demandados por robo, fraude, entre
otras; ex autoridades municipales
priistas o de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).
Ante ello, quienes firmamos esta carta
exigimos al Gobierno Federal y a las autoridades nacionales y estatales de la
CDI:
·
Respeto
a los derechos laborales de las y los trabajadores despedidos de la Delegación
Estatal de la CDI.
·
A
las y los funcionarios de la CDI les exigimos a que de manera congruente
garanticen la fuente de empleo de sus trabajadores/as.
·
A
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH) la instamos realizar las
acciones que estén a su alcance para que se garanticen los derechos humanos de
las y los trabajadores en México.
·
A
la Secretaría de Trabajo y Previsión social le exigimos tomar cartas en el
asunto y cumplir con la misión que les ha sido encomendada.
·
Exigimos
a Enrique Peña Nieto y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray a que la “Política de austeridad” implementada durante su sexenio, se
base en el efectivo desarrollo de nuestro país y no a costa de las violaciones
a los derechos humanos.
Como
trabajadores y trabajadoras oaxaqueños/as hacemos un llamado a la ciudadanía a
respaldar nuestras acciones y a unirse a nuestra exigencia.
Responsabilizamos
al Gobierno Federal y Estatal de cualquier represalia en nuestra contra y en contra
de nuestras familias por defender nuestros derechos laborales.
Atentamente,
Trabajadores y trabajadoras
despedidos/as injusta y arbitrariamente de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) adscritos a la Delegación Estatal y Centros Coordinadores para el
Desarrollo Indígena (CCDI) del estado
de Oaxaca.
