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Oaxaca
(Boletín).- El presidente de la Junta de
Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, lamentó que a pesar de los
avances en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia contra
las mujeres, México aún no cuente con un marco jurídico sólido.
Afirmó que la violencia extrema contra
las mujeres son los feminicidios. “En México, cada día se asesina, en promedio,
a siete mujeres, lo que al año suma más de 2 mil 600 homicidios”.
Durante la instalación de la Comisión
Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, el legislador advirtió que
lo más alarmante es que la violencia contra las mujeres sea una práctica social
ampliamente extendida por todo el país, “claro ejemplo es que 63 por ciento de
las mujeres mayores de 15 años ha declarado haber vivido un episodio de esta
índole”.
El coordinador del sol azteca en la
Cámara de Diputados dijo que “como representantes populares, la violencia en
contra de las mujeres es un tema que no debemos soslayar; es indispensable coadyuvar
con los esfuerzos de las organizaciones civiles y organismos internacionales,
que se han comprometido con la tarea para erradicar este flagelo”.
Añadió que el tema preocupa de sobre
manera, “porque la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que la
violencia contra las mujeres o de género es un problema de salud pública; se
trata de una práctica aprendida, consciente y orientada y en eso debemos
trabajar ampliamente”, refirió.
Martínez Neri manifestó que la espiral
de discriminación y violencia contra las mujeres únicamente podrá detenerse
cuando el Estado actúe con determinación y firmeza, “no sólo contra quienes la
ejercen como práctica cotidiana, sino para transformar los factores estructurales
que la alimentan y reproducen”.
Detalló que el problema es mayúsculo y
su atención pasa por el establecimiento de medidas de prevención, atención,
sanción y erradicación; entre las que se encuentran la protección y justicia
para las mujeres víctimas de violencia.
Es una realidad, agregó, en la que se
necesita asumir una política de cero tolerancia por parte del Estado mexicano. “Para
ello se deben sumar esfuerzos desde todos los ámbitos y en los tres órdenes del
gobierno”, concluyó.
