Oaxaca (Boletín).- Es urgente generar nuevas prácticas jurídicas
para la protección de los derechos humanos en el estado, pues cada vez es más
apremiante la necesidad de construir una verdadera sociedad de derechos,
manifestó el consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla, durante la ceremonia de clausura
del diplomado “Clínica de Casos para la Alta Formación en Derechos Humanos”
llevada a cabo el 10 de agosto en la Biblioteca “Francisco de Burgoa” de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
En
las instalaciones de la Biblioteca “Burgoa” también estuvieron presentes
durante la clausura del diplomado – concluido dentro del programa Laboratorio
de Cohesión Social II que realiza la Defensoría con la Unión Europea– el rector
de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, la defensora de los Derechos
Universitarios de esa institución, Yarib Hernández García, así como la
directora de la Unidad de Acción de Derechos Humanos para la Cohesión Social,
Sylvia Bustamante.
En
su intervención, el consejero ciudadano Rodríguez Alamilla señaló que los
aprendizajes construidos a lo largo del diplomado serán fructíferas
herramientas para las capacidades y competencias de las personas que
participaron, pero también para las instituciones y organizaciones, a fin de que
respondan a la necesidad cada vez más apremiante de defender las prerrogativas
fundamentales de la ciudadanía.
El
consejero ciudadano Rodríguez Alamilla explicó que la paradigmática reforma
constitucional de junio de 2011 plantea poner en el centro de las políticas
públicas el respeto a la dignidad de las personas, más allá del evidente bloque
de derechos que constituyen la nueva realidad del sistema jurídico mexicano. Lo
central de esta reforma, añadió el representante de la Defensoría, implica la
necesidad de construir una nueva relación entre el Estado y sus ciudadanos,
basada en la igualdad, la no discriminación y el respeto absoluto a los
derechos humanos.
Agregó
que es necesario un replanteamiento de la ingeniería institucional y de las
prácticas de sus operadores jurídicos para promover entre ellos acciones que
protejan, garanticen y promuevan los derechos humanos, tarea que aún está en
ciernes, especialmente en los organismos públicos de derechos humanos, las
fiscalías estatales y el Poder Judicial, pues implica replantear las formas
jurídicas que las y los servidores públicos han aprendido en las universidades.
Rodríguez
Alamilla insistió en que el modelo tradicional bajo el cual se ha enseñado el
derecho en México se ha centrado en el estudio de normas y doctrinas en forma
abstracta, con poco o nulo cuestionamiento de cómo aplicarlas en los hechos
para resolver problemas. Por ello, prosiguió, es necesario que en el trabajo
los operadores jurídicos tengan una lógica de derechos humanos, que les permita
cuestionar el sistema jurídico y generar opciones cuando éste no responda a las
necesidades de las personas, pues es la única forma en la que su acción podrá
abonar a la trasformación social y avanzar hacia un paradigma de respeto pleno
a los derechos humanos.
El
también integrante de la organización civil Iniciativa Ciudadana Oaxaca destacó
que México y Oaxaca requieren de un nuevo modelo educativo en materia legal,
pues la realidad actual exige que dicho modelo sea menos teórico y más
práctico, dinámico, que permita enfrentar los cambios sociales, especialmente
las formas de organización.
Rodríguez
Alamilla insistió en que para que exista una nueva relación entre el Estado y
los ciudadanos, y para aplicar ampliamente la reforma de junio 2011, es
fundamental cambiar las prácticas jurídicas. A esto contribuyen las actividades
como el diplomado de Alta Formación, pues favorecen la creación de un nuevo modelo
de trabajo legal en el que la creatividad e innovación se incentiven, así como
la argumentación y la capacidad de crítica del derecho y el sistema mismo para
lograr una protección más amplia a los derechos y la dignidad de las personas,
enfatizó el defensor de derechos humanos.
Celebró
la realización del diplomado como un proceso académico importante, al ser
impulsado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la
UABJO, la Universidad de Tlaxcala y la Unión Europea, porque la colaboración de
instituciones permitió plantear un nuevo modelo metodológico más acorde a la
realidad de los problemas que vive nuestra sociedad y ofrecer soluciones
distintas a problemas distintos.
Por
su parte, el rector Eduardo Bautista Martínez, al intervenir en la ceremonia de
clausura del diplomado, sostuvo que la realización de esta actividad es parte
del compromiso de la UABJO por promover nuevas formas de aprendizaje que
permitan que ofrecer a la sociedad personas con una preparación académica de
avanzada, y sus estudiantes dotarlos de herramientas que les ayuden a enfrentar
la realidad social actual.
Al
intervenir, la Defensora de los Derechos Universitarios Yarib Hernández García
agradeció a la Defensoría y la Unión Europea, así como al Instituto Interamericano
de Derechos Humanos su interés y esfuerzo para poder hacer de este diplomado
una realidad.
Por
su parte, la directora de la Unidad de la Acción Derechos Humanos para la
Cohesión Social, Sylvia Bustamante, reconoció la voluntad de la Unión Europea,
la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo, la Universidad de
Tlaxcala, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la UABJO, que se
comprometieron con este proyecto, que no sólo da elementos teóricos respecto a
la defensa de derechos humanos, sino también prácticos, permitiendo el estudio
de enfoques y abordajes específicos.
Finalmente,
el doctor en Ciencias Penales y representante de la Universidad de Tlaxcala,
Luis González Plascencia, expresó su beneplácito porque este proyecto permitió
ensayar una metodología innovadora en la defensa de derechos humanos, además de
que la sinergia de instituciones como la UABJO junto con la Defensoría del
Pueblo de Oaxaca permitió lograr el interés de organismos como la Unión Europea
y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, lo que permite seguir
avanzando en la generación de buenas prácticas para proteger y promover
derechos humanos.
