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Oaxaca (Boletín).- El coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes, presentó ante el pleno de la
LXIII Legislatura la iniciativa de Ley de Publicidad Oficial del Estado de
Oaxaca con el que se busca regular la
planeación, organización, coordinación, asignación y contratación de espacios a
las campañas de comunicación social de los entes públicos.
Lo
anterior obedece al ordenamiento emitido
luego de que, con fecha 11 de mayo del presente año, en el Diario Oficial de la
Federación se publicó la expedición de la Ley General de Comunicación Social,
dicho decreto en su artículo tercero transitorio, dispuso que en un plazo no
mayor a 90 días, se llevaran a cabo las adecuaciones necesarias para dar
cumplimiento a dicha ley en todo el País.
Al
respecto Mendoza Reyes enfatizó que para el “Partido Acción Nacional una
verdadera sociedad democrática, es aquella en la que los ciudadanos deben y
tienen el derecho a conocer actividades oficiales, políticas de gobierno y los
servicios que presta el Estado, no obstante es preciso tomar en cuenta que
también el ciudadano tiene derecho a conocer el destino final de los recursos
públicos, toda vez que el gasto que realiza
el gobierno se efectúa con la recaudación de las contribuciones”. 0
Asimismo
puntualizó que “la falta de regulación clara y concreta como en nuestra
entidad, atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en
materia de publicidad oficial o gubernamental. En general, las diferentes
etapas de asignación y contratación de publicidad oficial no cuentan con
regulaciones claras y adecuadas desde el nivel estatal y municipal en Oaxaca”.
Al
presentar dicha iniciativa de Ley, el legislador recordó el pronunciamiento que
el Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, hizo en Veracruz en 1859
cuando conminó a la Nación a respetar y hacer respetar el derecho a la libertad
de expresión, en ese sentido hizo énfasis en la enorme responsabilidad que
implica comunicar a los ciudadanos los deberes del servicio público y que los
entes a su vez transparenten la asignación de los recursos públicos para
campañas de comunicación social.
“La
ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de
comunicación social da lugar a un estado de actos inconstitucionales que
vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva”, concluyó Mendoza
Reyes.
