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San Raymundo Jalpan (Boletín).- El incremento a las
tarifas del transporte público de pasajeros es contrario al sentido social del
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 20011-2016 y no abona al cumplimiento de las
acciones, estrategias y objetivos de ese documento rector de la política
pública de la actual administración, afirmó el legislador Flavio Sosa
Villavicencio, del PT.
En
una carta dirigida al secretario de Vialidad y Transporte (Sevitra), José
Antonio Estefan Garfias, y leída durante la sesión ordinaria de la LXI
Legislatura del Estado, el diputado Sosa Villavicencio solicitó al funcionario,
de la manera más atenta y respetuosa, responder a una serie de preguntas:
¿Cuáles
fueron los fundamentos para considerar posible y viable el aumento? ¿Tomó Usted
en cuenta algún estudio socioeconómico de la población usuaria que avale la
factibilidad social de dicho incremento? ¿Cuáles fueron las condiciones
impuestas a los empresarios del transporte para aprobar el incremento anterior
al que entró en vigor este año? ¿Fueron cumplidas satisfactoriamente?
Por
su parte, la diputada Margarita García García, de la fracción parlamentaria del
Partido Movimiento Ciudadano (MC), se pronunció porque el Congreso del Estado
asuma su papel y llame a construir un gran acuerdo en materia de transporte, y
sentar un precedente para que el Gobierno estatal, concesionarios,
transportistas, sociedad civil y legisladores dialoguen y lleguen a un pacto
por Oaxaca benéfico para todos.
La
Legisladora sostuvo que es necesario organizarse y rechazar los aumentos
injustificados, pero hay que hacerlo de manera que no se afecte al resto de la
colectividad, porque “el concepto de Oaxaca debe cambiar y luchar contra el
estigma de que nos oponemos por todo, pues la resistencia debe ser pacífica y
respetuosa de todas las corrientes de pensamiento”.
Asimismo,
hizo un llamado a la cordura, “pues algunos otros so pretexto del aumento de
pasaje, bloquearán, marcharán y afectarán de igual forma a una sociedad que se
ha quedado a la mitad entre los problemas públicos y aquellos que de manera
anárquica pretenden hacer imperar su voluntad o, incluso, sacar beneficios
económicos”.
Resaltó
que los concesionarios del servicio público, tal pareciera que han monopolizado
el transporte y ante la falta de oferta sociales, han dejado de ser
responsables, pues en las calles vemos circular autobuses sin placas, viejos,
manejados a exceso de velocidad y con choferes poco capacitados.
“Además
de lo anterior, Oaxaca es uno de los estados donde hay las tarifas más altas de
transporte y en peor estado se encuentran, aunado a la corrupción que impera
entre los agentes de Tránsito que aplican el reglamento en forma discrecional,
provocando que algunos cruceros se congestionen debido a que consienten que los
camiones urbanos se detengan por tiempos largos”, dijo.
En
tanto, en su carta al titular de la Setravi, el diputado Sosa Villavicencio, manifestó
su asombro por la autorización de Estefan Garfias al aumento en las tarifas del
transporte público de pasajeros.
“Como
seguramente es de su conocimiento, el transporte público en Oaxaca, tanto para
la movilidad urbana como para la interurbana, es ineficiente e insuficiente,
responde más a intereses privados que a sociales e incumple con criterios
mínimos de sustentabilidad ambiental”, la dijo al funcionario.
Señaló
que lo expuesto en el PED “se queda corto ante la gravísima situación del
transporte de pasajeros en el Estado”, pues hay que añadir el pésimo servicio,
el trato grosero y prepotente de algunos operadores, su nulo respeto por las
reglas mínimas ya no de tránsito, sino de convivencia.
“¿Ha
pensado Usted, señor Secretario, en las familias de las personas asesinadas por
el salvajismo de algunos conductores del servicio público? ¿Quién protege a la
ciudadanía de algunos bárbaros con permiso para portar un arma mortal? Es evidente
que las autoridades responsables han sido omisas, señala.
Plantea:
“si los empresarios consideran que las tarifas anteriores al aumento no les
implican las ganancias suficientes, ¿consideró usted la posibilidad de que se
retiren? ¿Sería o no menos costoso para el pueblo que el Estado cumpla de
manera directa su obligación de prestar ese servicio?
Puntualiza:
¿De cuánto calcula usted que ha sido el beneficio económico durante las últimas
décadas para las familias que detentan esas concesiones? Y concluye: ¿De cuánto
calcula que será en lo que resta del sexenio?
