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Enero de 2019.- A nueve años de la creación de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(CONAVIM) el 1 de junio de 2009, la cual se impulsó con el objetivo de
coordinar las acciones a nivel federal y local, enfrentar la violencia contra
las mujeres y garantizar su acceso a la justicia, a la fecha, la protección y
garantía de los derechos de las mujeres no ha sido una prioridad de Estado.
Contrario a ello,
la agenda de las mujeres ha quedado en el desamparo, poniendo en riesgo la vida
e integridad de niñas y mujeres, a lo largo y ancho del país.
Irresponsablemente,
las políticas públicas en la materia, han sido reducidas al discurso y no a la
implementación real, que impacte de manera positiva en la vida de las mujeres
mexicanas.
Actualmente, 18 de
las 32 entidades federativas, es decir, el 56% del territorio nacional, se
encuentra formalmente declarado en Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres, siendo los estados de mayor preocupación: Veracruz, Guerrero, Jalisco,
Morelos y el Estado de México, de acuerdo con la información oficial obtenida
por el OCNF.
Asimismo, otros tres
estados se encuentran en espera de la resolución de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) para la declaratoria o no de la AVG.
Cabe mencionar que
nueve estados más solicitaron la declaratoria de AVG, pero ésta les fue negada.
Entre ellos se ubican estados con alto índice de criminalidad como Tlaxcala, en
donde organizaciones de la sociedad civil han documentado la prevalencia e
incremento de feminicidios, desaparición de mujeres y niñas, y la vinculación
de muchos de estos casos a otros delitos como la trata de personas.
A pesar de las 18
declaratorias de AVG que existen en el país, vemos con preocupación que no se
han atendido las causas estructurales de la violencia contra las mujeres a
nivel nacional y tampoco se ha implementado un Mecanismo que dé seguimiento
puntual a la implementación efectiva y eficaz de las recomendaciones para
revertir la situación y los contextos de violencia feminicida, emitidas
por la SEGOB, a través de la CONAVIM.
Un ejemplo de ello
es el Estado de México, en donde a tres años de la Declaratoria de AVG, sigue
pendiente realizarse un dictamen que permita evaluar el impacto de las
medidas emprendidas en materia de seguridad, justicia y prevención, que
sustituya a los informes de acciones realizados por la autoridad estatal, que
no reflejan las estrategias definidas para atender tan compleja
problemática, ni los objetivos específicos que estén guiando dichas
acciones.
Aunado a ello, los
esfuerzos conjuntos iniciales -en los que participaron las autoridades
estatales, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y la CONAVIM,
fueron paulatinamente abandonados. Esto refleja la falta de monitoreo y
seguimiento de las acciones realizadas por el estado de México por parte del
organismo Federal, y la inexistencia de una metodología de evaluación de
acciones, a partir de indicadores de proceso y resultado.
Es por ello que
como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red conformada por 43
organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 23 estados del país, hemos
insistido que: la claridad en la evaluación de los logros, avances y
obstáculos, permitirá reconocer, apuntalar e impulsar aquellas medidas claves
para seguir avanzando en la erradicación de la violencia feminicida. Será
además un punto de partida para establecer estrategias consistentes y
sistemáticas para recabar avances y retrocesos en la implementación de la
Alerta que pueden servir a otros estados.
Por otra parte, a
pesar de que la CONAVIM es el ente rector de la Secretaría de Gobernación para
la coordinación y seguimiento de las acciones de las entidades federativas en
el marco de las AVG, a tres años y medio de que se declarara la primera AVG, esta
dependencia no ha desarrollado la metodología de seguimiento y evaluación de
las medidas implementadas por los estados, la cual debe contar no solo con
indicadores de resultado, sino de impacto, corroborar la efectividad de las
acciones y valorar su fortalecimiento, con el fin de disminuir los altos
índices de violencia feminicida en el país.
En este sentido,
ante la prevalencia de la impunidad y la agudización de la violencia contra las
mujeres en México, como OCNF hacemos un llamado al Gobierno Federal para:
-El fortalecimiento
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (CONAVIM) con los recursos humanos y materiales idóneos para cumplir de
manera efectiva la encomienda de su creación.
-El desarrollo de
mecanismos institucionales rectores a nivel federal que, de forma permanente y
sistemática, realicen un verdadero ejercicio de planeación estratégica,
monitoreo y evaluación de todas las AVG, y demás acciones que emprendan para
garantizar y proteger los derechos de las mujeres en México.
-Actuar de manera
integral, desde una perspectiva nacional, que también recupere las realidades
estatales y municipales, para que se implementen acciones dirigidas a las
particularidades de dichas problemáticas.
-Las instancias
federales -particularmente la CONAVIM- se involucren y corresponsabilicen en
cinco ejes estratégicos: Planear, Supervisar (monitorear y evaluar), Apoyar,
Proponer y Coordinar las AVGM.
Reconociendo el
lamentable papel desempeñado por la última titular de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), y
ante el inminente nombramiento de una nueva titular, exhortamos al Gobierno
Federal para que a la brevedad, dicho espacio sea ocupado por una mujer experta
y comprometida en la materia, que sepa construir consensos que favorezcan la
adecuada implementación del mecanismo de AVG, que esté a la altura para
enfrentar la problemática de violencia feminicida que existe en el país y que
pueda ser garantía de un avance sustancial en los rezagos que gobiernos
anteriores han mantenido con las mujeres en México.
Aunado a ello,
recordamos que las responsabilidades que el Estado Mexicano ha contraído a
nivel nacional e internacional para erradicar las alarmantes expresiones y
cifras de violencia contra las mujeres, lo obligan a contar con una estrategia
metodológica rectora de las acciones, funcionamiento y evaluación de todas y
cada una de las AVG, como lo recomendó en julio de 2018, el Comité de la
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer de la ONU (Comité CEDAW) en el marco de la 9a evaluación a México.
Atentamente,
Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
