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“Urge
transparencia de los recursos públicos ejercidos por la Coordinación General de
Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca”, advirtieron
integrantes de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), ante la opacidad y
falta de criterios públicos para la aplicación de cientos de millones de pesos
en publicidad oficial.
Y es que esta área de publicidad del gobierno de
Alejandro Murat Hinojosa, encabezada por Alfonso Martínez Córdova, maneja de
manera discrecional casi 270 millones de pesos cada año, de los que no rinde
cuentas ni abre convocatorias para que los medios locales de comunicación
puedan participar en la difusión de programas de beneficio para la población.
En el ejercicio fiscal 2017, cuando la instancia
se denominaba únicamente Coordinación de Comunicación Social –sin el añadido
mote de Vocería–, el presupuesto destinado ascendió a los 297 millones, 283 mil
194.96 pesos, cuyo gasto no fue clarificado.
En el 2018 (año electoral con veda) se gastaron
268 millones 899 mil 042 pesos sin ninguna transparencia y en el presupuesto de
egresos aprobado para el 2019, el monto que pretenden derrochar es de 269
millones 870 mil 631.83 pesos.
De ese tamaño es el gasto en propaganda oficial
que se aprueba para Oaxaca, donde se destinan cada año únicamente 40 millones
de pesos a la defensa de los derechos humanos, 77 millones al desarrollo
social, 17 millones a la Secretaría de la Mujer o 25 millones a la de Asuntos
Indígenas, en una entidad con este sector poblacional mayoritario.
La Asociación de Periodistas de Oaxaca denunció
al finalizar el 2018 que diversos medios de comunicación (periódicos, revistas
y portales de internet), no habían cobrado los servicios prestados, ya que
–además de ser clasificados por personas que no son, ni conocen el estado o sus
medios–, el proceso de cobranza lleva un promedio de 6 meses.
En un desplegado público, el gremio periodístico
cuestionó la forma como se ha despilfarrado el recurso estatal, sin tomar en
cuenta a los medios de comunicación locales ni regionales, además de que con la
llegada de Alfonso Martínez a la coordinación,
se instituyó el método denominado “Campañas”, para no establecer contratos
permanentes en la mayoría de los casos.
“Pareciera que la intención fuera ahogar a los
medios, sobretodo a los críticos, periódicos, revistas y portales de internet
que están desapareciendo, con la consecuente afectación por el desempleo”,
sentenciaron las y los periodistas oaxaqueños ante este escenario de opacidad,
corrupción y falta de transparencia en materia de comunicación social.
Basta de agresiones
Tras las amenazas vertidas contra representantes
de diversos medios de comunicación, el pleno de la 64 Legislatura Local aprobó
con carácter urgente y obvia resolución, el exhorto de la diputada Magaly López
Domínguez al gobernador Alejandro Murat, para reforzar las acciones de
protección establecidas como medidas cautelares a favor de los periodistas.
“Oaxaca se encuentra entre los estados con mayor
número de agravios a ese gremio, superado sólo por Veracruz y Ciudad de México.
En nuestro estado, la organización Artículo 19 documentó 15 asesinatos de
periosistas entre 2000 y 2017. De 2015 a 2017, la Defensoría de los Derechos
Humanos inició 168 quejas por agravios a periodistas”, señaló en tribuna la
legisladora.
