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No, no es ninguna casualidad que,
cuando el próximo 25 de Mayo se cumplen 12 años de la desaparición forzada de
los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,
hayan asesinado en San Agustín Loxicha al profesor Telésforo Santiago Enríquez.
Se confirma, por enésima vez, que, desde el 28 de Agosto de 1996: todos los
habitantes de la Región Loxicha son considerados miembros del Ejército Popular
Revolucionario (EPR), hasta que no se demuestre lo contrario después de ser
ejecutados.
De este modo también se explica que,
como en su momento lo hizo Gabino Cué Monteagudo, Alejandro Murat haya comprado
la Presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y
se mantenga el ataque permanente contra defensoras y defensores de Derechos
Humanos, lideres sociales, indígenas y campesinos, esto es, se protegen porque
van a seguir violando derechos humanos y compran impunidad.
Esto sucede porque la violación de
los Derechos Humanos en Oaxaca en particular y en nuestro país en general es un
hecho sistemático, es decir, que desde las más altas esferas del poder existe
una sistematización, una planificación, una confabulación o participación con
el crimen organizado para atacar sistemáticamente y de manera continuada a las
personas, colectivos y organizaciones que representen obstáculos a sus
intereses políticos y económicos.
Por esto no resulta extraño la
participación directa y evidente de las autoridades en crímenes de lesa
humanidad como la desaparición forzada de personas y las ejecuciones
extrajudiciales.
Saben que cuentan con un negro manto
de impunidad que se extiende a lo largo del tiempo, siendo siempre premiados
con nuevos cargos en la estructura política criminal de los gobiernos
municipales, estatales o federal, o les regalan una notaría.
La cómplice participación de los
poderes legislativo y judicial no es nada nuevo, incluso cuando el ciudadano
común y corriente, creía superados estos lastres con la llegada al poder de
Andrés Manuel López Obrador y con el cambio de siglas en las bancadas
mayoritarias de los poderes legislativos a nivel estatal y federal. Cambian
todo para que no cambie nada.
La utilización de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación y de los viejos cacicazgos
locales, regionales y nacionales para el control de la población, provocan la
normalización de la violencia institucional, el recelo y el desprecio hacia las
clases populares convirtiendo en algo normal las permanentes ejecuciones y
masacres, los feminicidios, violaciones, odio contra migrantes, el magisterio,
periodistas, indígenas y pobres en general.
Pero no es normal, como tampoco es
normal la falta de un verdadero estado de derecho, la investigación y el
castigo a los responsables de los miles de crímenes cometidos en nuestro país.
La industria del crimen organizado se
beneficia y promueve este estado de cosas porque los nuevos mecanismos de
colonización y explotación de recursos naturales dependen de esa política
represiva de la dignidad y la vida humana; no les interesamos como seres
humanos pues nos asesinan, desaparecen, trafican con nuestros órganos, nos
persiguen, encarcelan y arrojan al exilio para apropiarse de lo que por derecho
natural nos corresponde.
Frente a este poder avasallador no
estamos solos, nos tenemos a todos nosotros, solamente hace falta que hagamos
conciencia de nuestra realidad y trabajemos por la unidad en la defensa
de los Derechos Humanos, nuestros derechos.
¡Alto a la represión y castigo a los
culpables!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos
los queremos!
¡Presos políticos y de conciencia,
libertad!
¡Alto a la impunidad!
Desde este rincón del exilio:
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
