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En una decisión histórica, un juzgado
de distrito ratificó una sentencia dictada hace casi cinco años que obligaba al
Ejército, el gobierno de Oaxaca y otras instancias gubernamentales a explicar
su actuación en la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como a integrar una comisión
especial de búsqueda, con facultades incluso para ordenar la apertura de
cuarteles militares.
Nadín Reyes, coordinadora del Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, explicó en
entrevista con La Jornada que el juzgado cuarto de distrito en materia de
amparo, con sede en la Ciudad de México, ratificó hace unos días la sentencia
que ya había emitido el 19 de junio de 2014 un tribunal colegiado.
En dicho fallo –como informó este
diario en su momento–, se le ordenaba a la Secretaría de la Defensa Nacional,
la Policía Federal y el gobierno del estado de Oaxaca, entre otras
dependencias, que explicaran el papel que habían jugado en el caso de la
desaparición forzada de ambos hombres, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en aquel
estado del sur del país, gobernado entonces por Ulises Ruiz.
De acuerdo con la activista, hija de
Edmundo Reyes, las autoridades mencionadas en el fallo se han resistido a
cumplirlo durante todos estos años, con el pretexto de que no se trataba de una
sentencia definitiva, por lo que la ratificación hecha por el juzgado cuarto de
distrito deja sin bases ese argumento y obliga a las autoridades a acatar la
disposición, en particular el reconocimiento jurídico de un mecanismo de
búsqueda especial para este caso, ya ordenado desde 2014.
La pieza clave
Uno de los aspectos más relevantes de
la sentencia, indicó la coordinadora de Hasta Encontrarlos, es que reafirma la
obligación de abrir todas las instalaciones militares que hagan falta para
buscar indicios de los dos hombres desaparecidos y que comparezcan a declarar
todos los servidores públicos que hayan estado presuntamente involucrados en el
caso.
Tras su desaparición, Reyes Amaya y
Cruz Sánchez fueron reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario como
sus militantes que exigió su aparición con vida.
Sin embargo, desde el momento en que
fueron detenidos por soldados y elementos policiacos, no se ha vuelto a saber
de su paradero.
El caso, señalado como paradigmático
por diversos analistas y expertos que lo han seguido, incluso motivó la
formación de una comisión de mediación, constituida en su momento por diversos
personajes de la vida cultural y social del país, entre ellos Carlos Montemayor
y el obispo Samuel Ruiz García.
