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Matías Romero (Paulina Sánchez Morales).- La problemática agraria se ha agudizado en Oaxaca en el último año y esto puede propiciar más violencia, un gran número de muertos y heridos en todas las regiones de la entidad, advirtió el coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Carlos Beas Torres.
Carlos Beas Torres, relacionó la situación de incertidumbre y derramamiento de sangre con la falta de atención a los 420 conflictos agrarios que existen en Oaxaca.
Pidió a los gobiernos, estatal y federal, atender los conflictos agrarios que son, dijo, -una de las causas principales de ingobernabilidad e inseguridad, características que identifican a la entidad, agregó.
Beas Torres se refirió a las comunidades zoques de Benito Juárez y San Antonio, pertenecientes al municipio de San Miguel Chimalapa, comunidades que enfrentan un clima de confrontación por el asedio de los ejidatarios y gobierno chiapaneco.
Dijo que en la región Huave San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán; en donde, en el último año, se han registrado graves enfrentamientos entre comuneros de San Mateo y sus vecinos de Santa María y San Pedro Huilotepec.
Al referirse al Bajo Mixe, por María Lombardo, informó que San Juan Jaltepec se encuentra sitiado, ya que desde hace más de tres meses una banda armada de ganaderos bloqueó el camino de acceso y cortó la energía eléctrica.
Pero, asumió que los conflictos agrarios más graves se viven en la región Mixteca; en Mixtepec, Yosoñama, Ixcatlán, Monteverde, Ñumi e incluso decenas de familias de La Nopalera que fueron desplazadas viven con gran precariedad en Tlaxiaco sin que ninguna autoridad les brinde atención, expuso.
Mencionó que el conflicto agrario en el Valle de Ocotlán se agudiza por la imposición de megaproyectos mineros, por la construcción de represas por parte de la CFE, por la explotación forestal y por el despojo legalizado de más de 10 mil hectáreas en la región del Istmo por parte de las empresas trasnacionales que impulsan los parques eolieléctricos.
El coordinador de la UCIZONI responsabilizó a la Procuraduría Agraria de esta situación imperante en Oaxaca, ya que, sentenció, ha cesado, casi por completo, sus actividades de conciliación y sólo facilita que empresas e inversionistas privados se apropien de terrenos ejidales o comunales.
Explicó que en el Bajo Mixe, los promotores agrarios tratan de convencer a los ejidatarios de que arrienden por 30 años sus tierras para la siembra de eucaliptos, programa que impulsa una empresa norteamericana, en lugar de generar la certidumbre y disipar los conflictos por límites y uso de la tierra.
Carlos Beas Torres, relacionó la situación de incertidumbre y derramamiento de sangre con la falta de atención a los 420 conflictos agrarios que existen en Oaxaca.
Pidió a los gobiernos, estatal y federal, atender los conflictos agrarios que son, dijo, -una de las causas principales de ingobernabilidad e inseguridad, características que identifican a la entidad, agregó.
Beas Torres se refirió a las comunidades zoques de Benito Juárez y San Antonio, pertenecientes al municipio de San Miguel Chimalapa, comunidades que enfrentan un clima de confrontación por el asedio de los ejidatarios y gobierno chiapaneco.
Dijo que en la región Huave San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán; en donde, en el último año, se han registrado graves enfrentamientos entre comuneros de San Mateo y sus vecinos de Santa María y San Pedro Huilotepec.
Al referirse al Bajo Mixe, por María Lombardo, informó que San Juan Jaltepec se encuentra sitiado, ya que desde hace más de tres meses una banda armada de ganaderos bloqueó el camino de acceso y cortó la energía eléctrica.
Pero, asumió que los conflictos agrarios más graves se viven en la región Mixteca; en Mixtepec, Yosoñama, Ixcatlán, Monteverde, Ñumi e incluso decenas de familias de La Nopalera que fueron desplazadas viven con gran precariedad en Tlaxiaco sin que ninguna autoridad les brinde atención, expuso.
Mencionó que el conflicto agrario en el Valle de Ocotlán se agudiza por la imposición de megaproyectos mineros, por la construcción de represas por parte de la CFE, por la explotación forestal y por el despojo legalizado de más de 10 mil hectáreas en la región del Istmo por parte de las empresas trasnacionales que impulsan los parques eolieléctricos.
El coordinador de la UCIZONI responsabilizó a la Procuraduría Agraria de esta situación imperante en Oaxaca, ya que, sentenció, ha cesado, casi por completo, sus actividades de conciliación y sólo facilita que empresas e inversionistas privados se apropien de terrenos ejidales o comunales.
Explicó que en el Bajo Mixe, los promotores agrarios tratan de convencer a los ejidatarios de que arrienden por 30 años sus tierras para la siembra de eucaliptos, programa que impulsa una empresa norteamericana, en lugar de generar la certidumbre y disipar los conflictos por límites y uso de la tierra.