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Matías Romero (Alexander López Ulloa).- Militantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), se manifestaron en las principales calles de Matías Romero, con el propósito de exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los activistas de derechos humanos, Betty Cariño y Jiry Jakola, en la comunidad de San Juan Copala, el pasado 27 de Abril.
Con pintas, consignas y cartelones, los manifestantes, algunos de los cuales se cubrían el rostro con paliacates, acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), para entregar una carta dirigida al titular de la dependencia, Arturo Chávez Chávez, en donde le piden agilizar las investigaciones de los asesinatos.
Solicitaron también, una investigación imparcial del caso, ya que, dijeron, el Gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, es el principal promotor de grupos paramilitares en la región Triqui, y eso es lo que provoca el vacio de justicia en la región.
Encabezados por el Presidente de la Mesa Directiva de UCIZONI, Delfino Juárez Toledo, dijeron que a más de 4 meses de los asesinatos, y a pesar de tener identificados a los autores materiales, estos no han sido detenidos.
Así mismo, acusaron al Gobierno del Estado, de implementar este tipo de situaciones, para acabar con el gobierno autónomo de San Juan Copala, y así evitar que más comunidades indígenas sigan ese camino.
Con pintas, consignas y cartelones, los manifestantes, algunos de los cuales se cubrían el rostro con paliacates, acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), para entregar una carta dirigida al titular de la dependencia, Arturo Chávez Chávez, en donde le piden agilizar las investigaciones de los asesinatos.
Solicitaron también, una investigación imparcial del caso, ya que, dijeron, el Gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, es el principal promotor de grupos paramilitares en la región Triqui, y eso es lo que provoca el vacio de justicia en la región.
Encabezados por el Presidente de la Mesa Directiva de UCIZONI, Delfino Juárez Toledo, dijeron que a más de 4 meses de los asesinatos, y a pesar de tener identificados a los autores materiales, estos no han sido detenidos.
Así mismo, acusaron al Gobierno del Estado, de implementar este tipo de situaciones, para acabar con el gobierno autónomo de San Juan Copala, y así evitar que más comunidades indígenas sigan ese camino.